¿Hasta dónde debe llegar la policía para que se respeten los cierres de emergencia por el coronavirus?

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SÍDNEY, Australia — Con buena parte del mundo acatando órdenes de permanecer en casa, los policías se están convirtiendo en las autoridades responsables de hacer cumplir el código para controlar el nuevo coronavirus, el cual exige mantenerse en un estado al que los seres humanos se resisten por naturaleza: total aislamiento y obediencia.

Facultados por nuevas y rigurosas leyes y la presión pública, las fuerzas policiacas están poniendo a prueba los límites para castigar un comportamiento que suele ser rutinario. En Australia, las autoridades han amenazado con seis meses de cárcel a personas que están sentadas solas tomando un café. En el Reino Unido, la policía se convirtió en el blanco de las críticas al utilizar un dron para filmar y avergonzar a una pareja que había sacado a pasear a su perro en un sendero solitario.

Sin embargo, en otros países, las fuerzas del orden han sido mucho más agresivas y han escalado hasta llegar al uso de una violencia significativa. En Kenia, hay una investigación en contra de policías por varios casos, entre ellos la muerte de un adolescente al que le dispararon mientras estaba en su balcón durante un toque de queda. La policía también utilizó gas lacrimógeno y garrotes en contra de los pasajeros que estaban en una terminal de transbordadores y está siendo investigada por al menos otras dos muertes; esta situación llevó a que el presidente Uhuru Kenyatta declarara que lamentaba la violencia.

En Filipinas, el 1 de abril, el presidente Rodrigo Duterte ordenó a la policía y al ejército que le dispararan a cualquiera que “provoque un alboroto”, después de que 20 manifestantes fueron arrestados cuando exigieron comida durante el cierre de emergencia en el país.

Hay un largo historial de control policiaco agresivo durante las pandemias y otras crisis: autoridades que vigilan a los enfermos, que hacen cumplir las restricciones de viaje y que hasta llegaron a emitir citatorios por escupir. En la actualidad, la diferencia radica en que las órdenes de permanecer en casa son más generalizadas, y han obligado a países, estados, ciudades y pueblos a tratar de comprender el funcionamiento de la vigilancia cuando no está del todo claro qué actividades están prohibidas o por qué algunas serían más riesgosas que otras.

Definir la ley y el orden se complica más cuando las personas deben seguir saliendo a la calle para trabajar… tan solo para poder comer. O, en casos menos extremos, cuando unas pocas personas de veintitantos años sentadas en el césped pueden ser inofensivas… o pueden ser propagadoras imprudentes del contagio. O cuando la gente está ansiosa y frenética, y nunca hay suficientes policías para atrapar a todos los perpetradores.

“A diario, la gente redacta un nuevo manual para enfrentar esta cosa”, comentó Chuck Wexler, director ejecutivo del Foro de Investigación Ejecutiva Policial, una organización de analistas y funcionarios de agencias del orden de todo el mundo con sede en Washington. “La pregunta clave es la siguiente: ¿cómo puede servir la policía desde un papel tranquilizador?”.

Los policías ubicados en muchos puntos críticos de infección parecen estar actuando con cautela. Desde San Francisco hasta Nueva York, Bangkok y Milán, cada vez más gente está obedeciendo las reglas del distanciamiento social. El crimen tradicional ha bajado, y aquellos que portan insignias están aprendiendo a pensar como doctores con cubrebocas, enfocados en la salud de la gente y de ellos mismos.

Ha sido una brutal curva de aprendizaje. Más de 1400 oficiales de la ciudad de Nueva York han dado positivo en la prueba del virus. Varios jefes de policía, en Detroit y otras partes, también se han enfermado, lo cual ha provocado que los departamentos de policía del mundo entero cambien la forma en que los oficiales interactúan con sus colegas y la ciudadanía.

En Londres, los oficiales al mando están trabajando días alternados para reducir la probabilidad de que el virus margine a los rangos más altos. En Irlanda del Norte, se están usando protectores en contra de escupitajos y mordidas para que los sospechosos no dejen saliva en los oficiales que realizan los arrestos.

En jurisdicciones grandes y pequeñas, los horarios de patrullaje también se han ampliado para minimizar la interacción en las estaciones, y el contacto verbal con los ciudadanos cada vez se realiza más desde las patrullas.

Buena parte de las interacciones se concentran en guiar a la gente hacia sus casas. En California, donde parece que el brote se está estabilizando después de dos semanas de encierro, solo en pocas ocasiones los oficiales han ido más allá de advertencias escritas o verbales, comentó Michael Rustigan, profesor de justicia penal en la Universidad Estatal de San José.

En partes de Florida y Canadá, los policías han prometido indulgencia explícitamente.

“Solo actuaremos en el peor escenario posible”, mencionó la semana pasada el sargento Michael Elliott, presidente de la Asociación de la Policía de Edmonton, después de que los legisladores en esa ciudad canadiense aprobaron una ley que permite multas de entre 1000 y 500.000 dólares a quien no cumpla con las órdenes de salud pública. “No queremos estresar a los ciudadanos más de lo necesario”.

Sin embargo, en algunos lugares, varias medidas enérgicas sugieren que la pandemia está magnificando los problemas de control policiaco que ya existían.

El 31 de marzo, más de dos decenas de hombres gay y mujeres transgénero fueron arrestados en Uganda por desobedecer las reglas de distanciamiento social. Los activistas acusaron a la policía de tener en la mira a un grupo que ha sido satanizado en el país durante años.

En Kenia, donde las autoridades a menudo son acusadas de usar tácticas extremas, la policía disparó gas lacrimógeno, golpeó a la gente que iba a sus trabajos y obligó a algunas personas a tenderse boca abajo en el suelo de una terminal de transbordadores en la ciudad costera de Mombasa, horas antes de que comenzara un toque de queda de toda la noche, el 27 de marzo. Imágenes y videos del caos mostraban a los pasajeros tosiendo, escupiendo y tocándose la cara para despejar sus bocas y narices.

El 30 de marzo por la noche, en un vecindario de bajos recursos al este de Nairobi, un niño de 13 años fue asesinado por un impacto de bala, aparentemente a manos de la policía, mientras estaba parado en el balcón del apartamento de su familia. El niño murió la mañana del día siguiente. La policía señaló que había sido una bala perdida.

Los países con gobiernos más autocráticos no han tardado en usar tácticas antagonistas.

Hay videos en India donde se ven oficiales de policía con cubrebocas usando sus garrotes para golpear y dispersar a grandes grupos de gente. El mes pasado, la policía de Dubái arrestó a un europeo que publicó videos en Instagram donde aparecía en una playa que había sido cerrada.

Y en Filipinas, donde Duterte le había dado rienda suelta a la policía y al ejército para librar una sangrienta guerra contra las drogas antes de que apareciera el virus, las fuerzas de seguridad ahora tienen la tarea de mantener el orden draconiano por cualquier medio.

Después de que algunos manifestantes fueron arrestados en Manila por reclamar comida, Duterte advirtió que las fuerzas de seguridad matarían o encarcelarían a los “alborotadores”.

China, donde apareció el virus, tal vez haya sentado las bases para estas medidas estrictas. El cierre de emergencia que paralizó al país durante semanas se llevó a cabo en todos los niveles burocráticos, desde los altos funcionarios de gobierno hasta la policía y los comités vecinales, y se valió de una vigilancia generalizada y la represión del disenso.

No obstante, incluso en algunas de las democracias más liberales del mundo, hay señales de una premura para que la policía entre en acción.

En Israel, 900 personas fueron multadas por estar a más de cien metros de sus casas. En Inglaterra, además de reprimir a la gente que pasea a sus perros, la policía les ha advertido a las tiendas locales que no vendan huevos de pascua de chocolate porque no son productos esenciales.

Australia está siguiendo un camino similar. En Sídney, donde esta semana entraron en vigor nuevas reglas para el cierre de emergencia que amenazan con imponer multas considerables y penas de cárcel, el 31 de marzo, la policía detuvo a un hombre que estaba solo lavando su parabrisas en una intersección. Un día después, ingresaron con patrullas a un parque con áreas verdes para abordar a cualquiera que pareciera estar haciendo lo que el comisionado de la policía había declarado ilegal en una conferencia de prensa: “tomar el sol”.

“Sin duda el gobierno tiene que hacer algo, pero debería haber limitaciones en lo que considero poderes realmente amplios”, dijo Shahleena Musk, directora legal interina del Human Rights Law Center en Melbourne. “Debería haber claridad sobre estos poderes y una campaña ambiciosa de educación pública para asegurar que las personas entiendan cuáles son sus obligaciones”.

Los expertos en salud pública han dicho que la mejor manera de lograr que las personas cumplan las imposiciones no es con represión o vergüenza, sino apelando a su propio interés y solidaridad.

“Las personas quieren hacer lo que es mejor para ellas. Y la mejor forma en que logras que lo hagan es explicarles por qué deberían hacerlo. A nadie le gusta ser amenazado”, dijo James Colgrove, profesor de salud pública en la Universidad de Columbia.

Damien Cave colaboró con el reportaje desde Sídney y Abdi Latif Dahir desde Nairobi, Kenia. Jason Gutierrez colaboró con el reportaje desde Manila, Filipinas, y Stephen Castle desde Londres.

Damien Cave es el jefe de la corresponsalía en Sídney, Australia. Anteriormente reporteó desde Ciudad de México, La Habana, Beirut y Bagdad. Desde que se unió al Times en 2004, también ha sido editor nacional adjunto, jefe de la corresponsalía de Miami y reportero de la sección Metro. @damiencave

Abdi Latif Dahir es el corresponsal de África Oriental de The New York Times. Se unió al Times en 2019 después de cubrir la misma región para Quartz durante tres años. @Lattif


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